Vivienda: PSOE y Sumar pactan prórroga de alquileres hasta 2028
El Gobierno prepara un nuevo decreto para ampliar la protección de los inquilinos y frenar el fraude en los alquileres temporales y turísticos.

Un alivio para millones: la nueva hoja de ruta de la vivienda
El Gobierno de coalición ha dado un paso decisivo para intentar estabilizar el convulso mercado del alquiler en España. PSOE y Sumar han pactado un borrador de decreto que pretende extender la prórroga de los contratos de arrendamiento hasta el 30 de junio de 2028. Esta medida, que será llevada al Consejo de Ministros el próximo martes, busca blindar a cerca de un millón y medio de hogares ante la creciente incertidumbre habitacional.
La propuesta llega en un momento crítico, donde la presión sobre el acceso a una vivienda digna ha superado los límites de la tolerancia social. Casos como el de Paquita, una mujer de 82 años con parkinson que lucha contra su desahucio para convertir su hogar en un piso turístico, reflejan la urgencia de un debate que trasciende lo económico. Tal como analizamos en Abuso de poder y la vivienda emocional: el caso del productor de Canal Sur, el componente humano detrás de los contratos a menudo queda eclipsado por la rentabilidad.
Claves del decreto: lucha contra el fraude y protección social
La normativa no solo se centra en la extensión temporal de los contratos. El Ejecutivo es consciente de que el fraude en los alquileres de temporada y habitaciones ha servido como vía de escape para sortear los límites de precios vigentes. Por ello, el nuevo texto incluye medidas contundentes:
- Regulación estricta: Se endurecerán los requisitos para los alquileres de temporada y por habitaciones, cerrando las brechas legales actuales.
- Fiscalidad punitiva: Se elevará el tipo de IVA al 21% para aquellos pisos que se destinen a uso turístico, con el objetivo de desincentivar el abandono del mercado residencial.
- Régimen sancionador: Se incrementarán las sanciones por publicidad engañosa en plataformas digitales.
"Podrán solicitar la prórroga aquellos inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028, lo que amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias", aseguran fuentes de Sumar.
Un camino complejo en el Congreso
El éxito de esta medida depende ahora de una aritmética parlamentaria compleja. La convalidación, prevista para septiembre, requiere del apoyo de formaciones como Junts, cuyo rechazo en abril pasado tumbó una iniciativa similar. Mientras el Gobierno intenta negociar una moratoria antidesahucios, el debate sobre si la hipoteca o el alquiler deben ser tratados como un derecho fundamental o un activo financiero sigue dividiendo a la clase política española.
En última instancia, el éxito de este decreto no solo se medirá en votos, sino en su capacidad real para evitar que familias vulnerables queden sin alternativa habitacional ante la vorágine especulativa del mercado actual.
Fuentes: elDiario.es
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