La UCO cuestiona el código ético de Quirón y la vivienda de lujo

El código ético bajo la lupa: sospechas sobre la pareja de Ayuso

El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira las relaciones comerciales entre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y altos directivos del gigante sanitario Quirón. La investigación sugiere que estas prácticas podrían contravenir directamente el estricto código ético de la compañía, que prohíbe explícitamente cualquier atisbo de corrupción o conflicto de intereses.

El documento destaca la figura de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, cuya relación con González Amador ha sido objeto de escrutinio tras descubrirse operaciones económicas de dudosa justificación. Mientras la ciudadanía se enfrenta a una crisis de vivienda donde el acceso a un alquiler digno o a una hipoteca asequible es cada vez más difícil, los ingresos de la pareja de Ayuso se multiplicaron por siete tras iniciar su relación sentimental, alcanzando los 4,4 millones de euros entre 2021 y 2023.

Un entramado de operaciones opacas

La compra de empresas sin valor

La UCO señala una operación llamativa: el pago de medio millón de euros por parte de González Amador por una empresa, Círculo Belleza SL, que carecía de activos reales y que estaba formalmente a nombre de la esposa de Fernando Camino. Este movimiento se produjo poco después de que el empresario obtuviera una comisión de 2 millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas, una operación que la Fiscalía investiga como un posible caso de soborno.

“Rechazamos todas las formas de corrupción y no participamos en tales actividades. Evitamos todas las situaciones en las que pueda surgir el más mínimo atisbo de corrupción”, reza el código de conducta de Quirón.

Identidades falsas y contratos estratégicos

La investigación ha destapado que el grupo sanitario llegó a proporcionar a González Amador una identidad falsa en su intranet corporativa, bajo el nombre de “Alberto Burnet González”, definiéndolo como “director” de proyectos. Esta práctica choca frontalmente con la narrativa de que el empresario actuaba únicamente como un proveedor externo. Además, la UCO ha hallado contratos de “asesoramiento” entre las empresas de ambos que, según la Agencia Tributaria, incluían trabajos imposibles de realizar por la estructura de las firmas involucradas.

Conclusión

La disparidad entre los valores corporativos declarados por Quirón y la realidad operativa revelada por la Guardia Civil plantea serias dudas sobre la transparencia en el sector privado. Mientras el debate sobre el impacto de la gestión de recursos públicos y privados afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos —como se analiza en profundidad en La brecha en la conciliación: el impacto en la vivienda y el empleo—, este caso subraya la necesidad de un mayor control sobre las relaciones entre proveedores y directivos de grandes corporaciones.

Fuente: elDiario.es