PSOE bajo escrutinio: Pagos y maniobras contra fiscales y policías

Audiencia Nacional señala presuntos pagos del PSOE para maniobras judiciales

La Audiencia Nacional ha puesto el foco sobre una presunta trama del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) relacionada con pagos a Leire Díez para llevar a cabo maniobras destinadas a desestabilizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban a miembros del partido o del Gobierno. El juez Manuel García-Castellano ha imputado a figuras clave como Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, Gaspar Zarrías, exconsejero de la Junta de Andalucía, y la actual gerente del partido, en una nueva derivada del caso que investiga a Díez.

El rol de Santos Cerdán y el origen de la operación

Según el auto judicial, Santos Cerdán habría tenido un “papel superior” en un plan para “desestabilizar de forma sistemática y continuada” las causas judiciales. Se le atribuye el acuerdo de remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido. Esta operación, según el magistrado, tendría su origen en la reflexión de cinco días que Pedro Sánchez anunció en abril de 2024 tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Durante este periodo, Cerdán convocó una reunión clave en la sede federal del PSOE en Madrid.

La Guardia Civil encontró en posesión de Leire Díez una anotación que sugería que el contacto con el PSOE se intensificó tras la imputación de Begoña Gómez. Pérez Dolset, un empresario involucrado, afirma haber financiado a un grupo de personas para buscar pruebas sobre irregularidades judiciales durante el gobierno del PP, considerándose a sí mismo una víctima de la “brigada política”.

Mecanismos de pago y financiación de la trama

El juez Pedraz detalla cómo se habrían canalizado los pagos a Leire Díez. Inicialmente, se habría utilizado la consultora Zaño, propiedad de Gaspar Zarrías, para abonar 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. Leire Díez expresó sus dudas sobre este método de pago a través del despacho de Zarrías. Tras cesar esta vía, los pagos se habrían redirigido a través del abogado Ismael Oliver, quien defendió a Koldo García. Se habrían falsificado notas de encargo para abonar 27.225 euros a una empresa de Oliver, quien posteriormente transfirió la suma a Leire Díez a través de otra de sus sociedades para “romper la trazabilidad de los fondos”. Tanto la gerente del PSOE como Oliver se encuentran imputados.

Los investigadores sugieren que, una vez Santos Cerdán accedió a colaborar con el grupo de Díez, puso a disposición del partido la propia estructura del PSOE. Esto habría implicado soportar costes de actividad, utilizar personal del partido, ceder dependencias para reuniones y cubrir gastos de logística.

Intentos de influir en testigos y actuaciones policiales

La resolución judicial también apunta a intentos de influir en testigos. Se menciona a la empresaria Carmen Pano, quien declaró haber entregado hasta 90.000 euros en la sede de Ferraz. Se le habría ofrecido 50.000 euros para modificar su declaración testifical. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha negado estas acusaciones, alegando motivos confidenciales para la expulsión de Pano de su despacho.

Además, el grupo habría intentado “inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO” (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Esto habría incluido la promoción de sospechas sobre la UCO ante la Dirección General de la Guardia Civil, lo que motivó la apertura de expedientes de información reservada a guardias civiles. El juez también ha solicitado documentación al PSC sobre campañas publicitarias gestionadas por Patricia López o Grupo Crónica Libre, vinculadas a la investigación.

Este caso arroja luz sobre complejas operaciones que involucran fondos partidistas y presuntas maniobras para influir en procesos judiciales y policiales, generando un debate crucial sobre la integridad en la política. La investigación sigue abierta para esclarecer todas las responsabilidades.